Autónomos en España: cotización por ingresos reales, entre justicia y desigualdad
Ser trabajador por cuenta propia en España nunca ha sido fácil. A las largas jornadas, la incertidumbre económica y la falta de protección social, ahora se suma un nuevo desafío: el modelo de cotización basado en ingresos reales.
Lo que en teoría buscaba equilibrar el sistema y hacerlo más justo, ha terminado generando malestar entre quienes ya sostenían con esfuerzo su actividad diaria. La reciente propuesta del Gobierno de aumentar las cuotas mensuales entre 11 y 206 euros a partir de 2026, anunciada por la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha encendido las alarmas en el colectivo.
Un modelo que prometía justicia y genera desigualdad
Cuando el Ejecutivo aprobó el sistema de cotización por ingresos reales, se presentó como una fórmula más equitativa: quien gana más, paga más; quien gana menos, paga menos. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la ecuación no es tan simple.
Según el II Informe de Pymes y Autónomos en España 2025 de Hiscox, un 33 % de los autónomos se ha visto perjudicado por el nuevo modelo. Del grupo afectado, el 66 % identifica el aumento de la cuota como el principal impacto negativo, junto con mayores gastos y presión fiscal. Esto significa que cientos de miles de profesionales han visto reducida su capacidad de ahorro e inversión.
El mismo informe indica que un 60 % de los autónomos no percibe cambios positivos en su negocio desde la entrada en vigor de la medida, mientras que el resto ha experimentado pérdida de rentabilidad, afectando a actividades familiares o proyectos emergentes.
Cuotas y contexto económico, un doble desafío
La preocupación no se limita a la subida de cuotas. Los autónomos operan en un entorno de tipos de interés elevados y una inflación que encarece insumos, alquileres y suministros.
El informe señala que el 34 % de pymes y autónomos ha visto condicionadas sus decisiones de inversión o financiación por el contexto económico, dificultando mantener liquidez y competitividad.
En España existen 2,9 millones de pymes, de las cuales el 54,6 % no tiene asalariados y el 45,2 % emplea a otras personas. La mayoría son microempresas (menos de 10 empleados), las más vulnerables ante cualquier incremento de cargas sociales.
Rechazo y desconfianza del sector
Las asociaciones de autónomos han expresado su rechazo a la propuesta de Elma Saiz, argumentando que el sistema aún no ha demostrado ser eficiente ni justo. Desde ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) advierten que la medida podría “ahogar aún más a quienes ya trabajan al límite de la rentabilidad”.
El malestar no se centra solo en la magnitud de la subida, sino también en la inseguridad regulatoria. En apenas dos años, los autónomos han tenido que adaptarse a 15 tramos de cotización y a una nueva forma de declarar ingresos. Ahora se plantea otra modificación sin que la primera haya consolidado resultados, lo que añade un componente psicológico que afecta a la confianza empresarial.
Impacto en sostenibilidad e innovación
La reducción del beneficio neto no solo afecta la economía personal, sino también la capacidad de reinversión en los negocios.
Los expertos advierten que las subidas continuas pueden frenar la adopción de tecnologías y la implementación de medidas sostenibles. Según Hiscox, solo el 24 % de pymes y autónomos ha incorporado prácticas sostenibles, y apenas un 17 % planea hacerlo a corto plazo. Sin recursos disponibles, estos porcentajes podrían disminuir.
El acceso a los Fondos NextGeneration también es limitado: solo el 18 % de los encuestados ha conseguido acceder a ellos, mientras que el 73 % no los ha solicitado. En este contexto, las ayudas no compensan el aumento de obligaciones contributivas.
Mantener la actividad en tiempos inciertos
La sensación general entre los autónomos es de desgaste. Tras años de pandemia, inflación y reformas fiscales, el panorama actual se percibe como una nueva vuelta de tuerca.
Las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que en los primeros ocho meses de 2025 hubo una caída del 2,1 % en nuevas afiliaciones al RETA, mientras que las bajas aumentaron un 3,4 %, reflejando un creciente descontento con un sistema percibido como punitivo.
En un país donde los autónomos representan cerca del 16 % del empleo total, su fragilidad repercute directamente en la economía nacional. Si la política contributiva no se ajusta a la realidad de cada sector y nivel de ingresos, el riesgo de pérdida de tejido productivo será inevitable.