Reforma del despido improcedente: los jueces ya aumentan las indemnizaciones mientras se inicia la negociación
El Ministerio de Trabajo ha abierto un nuevo frente de negociación con los agentes sociales para revisar el sistema de indemnización por despido improcedente, una medida que busca adaptar la legislación española a los dictámenes europeos. La intención es que los jueces puedan considerar circunstancias personales y laborales del trabajador para fijar compensaciones más ajustadas a cada caso.
Sin embargo, mientras se preparan estas reuniones, los tribunales españoles ya están elevando las indemnizaciones. En lo que va de 2025, las sentencias han mostrado un incremento medio del 9,3 % respecto al año anterior.
Incrementos significativos en las sentencias
Entre enero y junio, los juzgados resolvieron más de 16.000 litigios individuales por despido improcedente. La cuantía media de las indemnizaciones se situó en 11.443 euros, frente a los 10.470 euros de 2024.
Aunque la cifra global se mantiene similar a la de 2023, destacan los aumentos regionales: Cantabria y Navarra lideran con un 41 %, seguidas de Asturias con un 33 %. Estas diferencias reflejan el perfil del trabajador y el tipo de empresa, ya que los jueces valoran salario, antigüedad y circunstancias personales.
A pesar de que el Tribunal Supremo cerró en julio la posibilidad de reconocer compensaciones adicionales fuera de los límites legales, los tribunales están aplicando una interpretación más amplia del concepto de daño.
Tribunal Supremo y exigencias europeas
El alto tribunal español se basó en la Carta Social Europea y los convenios de la OIT, confirmando que el sistema actual —33 días por año trabajado, con un máximo de dos anualidades— cumple la normativa vigente.
Sin embargo, el Comité Europeo de Derechos Sociales advierte que el sistema podría ser insuficiente para garantizar una reparación proporcional y disuasoria. En respuesta, CCOO y UGT han presentado demandas en Bruselas reclamando un cambio de criterio.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, propone que la reforma permita a los jueces ponderar factores como edad, cargas familiares o dificultades para reincorporarse al mercado laboral, equilibrando las exigencias europeas con la seguridad jurídica.
Propuestas sindicales y debate sobre salarios de tramitación
Los sindicatos buscan que se recuperen los salarios de tramitación, correspondientes a los días desde el despido hasta la resolución judicial o reincorporación. Actualmente, solo se aplican cuando la empresa readmite al trabajador o el despido es nulo.
También plantean una indemnización mínima garantizada: CCOO propone tres meses de salario, mientras que UGT sugiere seis meses.
La visión empresarial: CEOE advierte sobre seguridad jurídica
La CEOE se opone a modificar el sistema actual, advirtiendo que eliminar el carácter tasado del despido podría aumentar la inseguridad jurídica, dificultar la contratación y generar más judicialización al dejar a los jueces valorar circunstancias personales.
Un escenario político dividido
En el plano parlamentario, la aprobación de la reforma es complicada. Una proposición no de ley presentada por Sumar fue rechazada por PP, Vox y PN, mientras que Junts se abstuvo y PNV mostró disposición a debatirla.
El Ministerio de Trabajo, sin embargo, apuesta por avanzar mediante diálogo social, con el objetivo de dejar la reforma lista antes del final de la legislatura.