El mercado laboral español aparenta fortaleza, pero bajo sus buenos datos se esconden grietas cada vez más visibles. La afiliación a la Seguridad Social alcanza cifras históricas y el paro registrado mantiene un tono positivo. Sin embargo, más de 740.000 trabajadores fijos discontinuos inactivos revelan una cara menos optimista: personas que mantienen contrato con su empresa, no trabajan y no aparecen como paradas en los registros oficiales del SEPE.
El peso creciente de la inactividad
Desde la reforma laboral de 2022, el uso de los contratos fijos discontinuos se ha disparado. Este modelo, diseñado para reducir la temporalidad, permite que el trabajador conserve su vínculo con la empresa durante los periodos sin actividad. Mientras no trabaja, puede cobrar prestación por desempleo, pero no figura como parado.
Entre enero y septiembre de 2025 se tramitaron 570.164 prestaciones asociadas a esta modalidad, un 114 % más que en 2019, lo que demuestra que este sistema ha pasado de ser residual a convertirse en una herramienta común para cubrir picos de demanda.
El resultado es un mercado laboral con doble lectura: el paro oficial no aumenta, pero los expedientes por desempleo sí. Esta diferencia alimenta el debate sobre el llamado “paro oculto”, que podría elevar el desempleo real por encima de los 3,7 millones de personas.
Un mercado aún marcado por la estacionalidad
Sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) calculan el “paro real” sumando a los desempleados oficiales otros colectivos sin empleo efectivo, como los trabajadores en ERTE, los fijos discontinuos inactivos o los ocupados que buscan otro empleo.
El informe resalta que el mercado laboral sigue dependiendo de la estacionalidad, con fuertes oscilaciones en sectores como servicios, agricultura e industria. Además, el paro juvenil creció en más de 10.000 personas menores de 25 años, y el desempleo femenino sigue siendo superior al masculino, lo que demuestra que las brechas estructurales persisten.
Más gasto público y menor productividad
La expansión de los fijos discontinuos también aumenta el gasto en prestaciones. Según la AIReF y el Banco de España, el volumen total de ayudas ha crecido entre un 30 % y un 35 % interanual. En 2019 representaban el 7,7 % de los perceptores; hoy ya alcanzan el 11 %. Solo en septiembre, 88.000 personas cobraron prestación bajo esta modalidad, y el total anual supera las 129.000.
La CEOE advierte además de una caída en la productividad por ocupado y una reducción de la jornada efectiva en el sector privado, situada en 30,9 horas semanales. La patronal vincula estos descensos al aumento de bajas laborales y a una regulación de permisos que, según su criterio, genera inseguridad jurídica y dificulta la organización empresarial.
Un modelo con síntomas de fragilidad estructural
El uso de los fijos discontinuos se ha extendido más allá de los sectores estacionales tradicionales. Hoy se emplean también en logística, educación y atención al cliente, lo que amplía su impacto y dificulta medir el desempleo real.
Otros indicadores refuerzan esta sensación de fragilidad: 847.000 personas trabajan en pluriactividad, el absentismo supera el millón de ausencias diarias y España figura como el segundo país de la UE en pobreza infantil.
Asociaciones como ATA y Cepyme alertan de un crecimiento desigual, donde las grandes empresas concentran la creación de empleo mientras autónomos y microempresas sufren estancamiento o destrucción de puestos.
La existencia de cientos de miles de trabajadores sin actividad ni registro como parados plantea un desafío estadístico, económico y político para un país que aún busca la fórmula de un empleo estable y de calidad.