El Gobierno ha cerrado la puerta a la implantación del llamado “IVA cero” o régimen franquiciado para pequeñas empresas, una opción que la Unión Europea habilitó a comienzos de 2025 y que permite a los Estados eximir del impuesto a los negocios con una facturación limitada.
La decisión, confirmada por el Ministerio de Hacienda, mantiene intacto el actual sistema de liquidación trimestral y deja fuera a los autónomos y microempresas españolas de un modelo que ya funciona en buena parte de Europa.
Qué implica el régimen de “IVA cero”
El IVA cero habría permitido que miles de pymes quedasen exentas de repercutir y declarar el impuesto siempre que su volumen de operaciones no superase los 85.000 euros anuales, el umbral máximo fijado por la Directiva (UE) 2020/285.
En la práctica, Hacienda seguirá aplicando este régimen solo a ventas con destino a otros Estados miembros, como hasta ahora, lo que excluye el comercio interior y al grueso del tejido empresarial nacional.
El sistema, conocido como régimen de franquicia, nació para simplificar la carga fiscal y administrativa de las microempresas. En los países que lo adoptan, las compañías más pequeñas con ingresos por debajo de un umbral determinado no repercuten IVA ni presentan declaraciones periódicas, aunque continúan emitiendo facturas.
Modelos similares funcionan en Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde han ayudado a reducir la burocracia y los costes de cumplimiento para profesionales con menor nivel de actividad.
En España, el Ministerio de Hacienda y los técnicos de la Agencia Tributaria evaluaron su implantación en 2024, con la idea de aplicarlo de forma gradual a partir de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo finalmente optó por descartarlo. Según la versión oficial, el sistema “podría generar desigualdades y distorsiones entre autónomos y sociedades”.
Por qué Hacienda lo rechaza
Como adelantó El Economista, el principal argumento del Gobierno es preservar la recaudación fiscal y evitar desequilibrios en el mercado. Los técnicos de Hacienda (Gestha) calculan que la exención reduciría los ingresos públicos en más de 2.000 millones de euros anuales y aumentaría el riesgo de fraude y de facturación artificial entre empresas vinculadas.
Desde el Ministerio insisten en que España ya dispone de regímenes simplificados de IVA, y advierten de que una exención generalizada fragmentaría el tratamiento tributario y complicaría el control del fraude. A su juicio, beneficiaría a un número reducido de profesionales, pero obligaría a modificar en profundidad los sistemas informáticos y contables de la Agencia Tributaria.
El Partido Popular, principal fuerza de la oposición, sostiene lo contrario: que el IVA cero aliviaría la presión fiscal y que, si llega al Gobierno, eximirá del impuesto a los autónomos con facturación inferior al umbral europeo.
La visión europea
La postura española convierte al país en una de las pocas economías de la UE que no aplicará la franquicia de IVA a nivel nacional. En Francia, por ejemplo, los negocios con ingresos inferiores a 37.500 euros en servicios o 85.000 en comercio están exentos de declarar el impuesto.
Estos Estados mantienen controles cruzados para evitar el fraude, pero coinciden en que el sistema ha impulsado el autoempleo y reducido la carga administrativa de las microempresas.
En España, las patronales ATA y CEPYME lamentan la decisión porque “mantiene a las pymes en desventaja competitiva respecto al resto de Europa”. Según ATA, el modelo europeo “reconoce la realidad del trabajo por cuenta propia y libera recursos que podrían destinarse a inversión o empleo”.
El mantenimiento del sistema actual implica que los autónomos seguirán presentando las declaraciones trimestrales de IVA y soportando la carga burocrática que conlleva.
En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, la exención habría supuesto un alivio para miles de negocios de baja facturación, especialmente en servicios, comercio local y profesiones liberales.
Además, la decisión puede afectar a la competitividad de los pequeños exportadores y de quienes compiten con microempresas europeas exentas. Una peluquería o un diseñador portugués pueden ofrecer precios sin IVA en su país, mientras que un profesional español no puede hacerlo ni siquiera en su propio mercado, según explican las asociaciones del sector.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordaba recientemente a Europa Press que “un autónomo portugués o francés factura sin IVA con un sistema más simple, mientras aquí seguimos atados a la declaración trimestral”.
Un debate que podría reabrirse
Aunque el Ministerio da por cerrado el asunto, expertos tributarios prevén que el debate resurja cuando la Unión Europea evalúe el impacto del nuevo marco de digitalización fiscal que entrará en vigor en 2026.
Por ahora, el rechazo al IVA cero mantiene a España fuera de las flexibilidades comunitarias destinadas a aliviar la presión fiscal de las microempresas. Una decisión que, según las organizaciones empresariales, “confirma la brecha entre el discurso de apoyo a las pymes y la realidad de las reformas tributarias”.