El nuevo Estatuto del Becario, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros con el objetivo de mejorar la protección de los estudiantes en prácticas, ha generado preocupación entre universidades, empresas y fundaciones. Estas organizaciones advierten que la norma podría tener un impacto negativo sobre la oferta formativa y dificultar la colaboración educativa.
Aunque el texto aún debe ser validado por las Cortes Generales, su aprobación supondrá un cambio histórico en la gestión de las prácticas académicas, con implicaciones directas para miles de estudiantes de formación profesional y universitarios.
Un proyecto con tensiones políticas y sociales
Desde su anuncio, el Estatuto ha evidenciado divisiones dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Trabajo y Economía Social defiende la medida como un avance en la regulación del empleo en prácticas, sectores del PSOE consideran que carece de madurez técnica y consenso institucional.
La falta de acuerdo ha ralentizado la tramitación y ha intensificado el debate sobre el alcance y la viabilidad de la norma.
Preocupación de universidades y entidades educativas
La Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) ha mostrado su inquietud. Su presidente, Antonio Abril, señala que la norma no ha sido consensuada con la comunidad educativa ni con los ministerios de Educación y Universidades, a pesar de regular un pilar fundamental del sistema formativo.
Las universidades advierten que las nuevas exigencias suponen:
- Sobrecarga administrativa y de recursos, que podría afectar la calidad de las prácticas.
- Mayor responsabilidad económica, desincentivando la colaboración con empresas y entidades sociales.
Según la CCS, estas medidas podrían hacer que las prácticas sean menos accesibles y menos atractivas, especialmente para pymes, que representan más del 90 % del tejido productivo en España. Esto podría traducirse en una disminución significativa de la oferta de prácticas, justo cuando la experiencia profesional es clave para la empleabilidad juvenil.
Puntos más controvertidos
Entre los aspectos más polémicos destacan:
- La obligatoriedad de remunerar todas las prácticas, incluidas las curriculares.
- La limitación de las prácticas extracurriculares a 480 horas en cuatro años.
Aunque la intención es evitar abusos y precariedad, la medida podría reducir la flexibilidad de los programas y limitar la oportunidad de adquirir experiencia en entornos reales. Las entidades públicas y organizaciones sin ánimo de lucro, que acogen más del 60 % de las prácticas universitarias, serían las más afectadas por los nuevos compromisos financieros.
La brecha entre regulación y realidad
Otro argumento en contra del Estatuto es la baja incidencia de irregularidades en el sistema actual. Desde 2024, todas las prácticas cotizan a la Seguridad Social, y de las 4.194 inspecciones realizadas, solo 1.598 presentaron irregularidades, muchas de ellas mínimas.
Los expertos advierten que penalizar todo el sistema por casos aislados podría ser contraproducente, restando agilidad a los programas formativos.
El sector académico insiste en que la prioridad debería ser fortalecer la colaboración entre universidades, empresas y administraciones públicas, siguiendo recomendaciones como las del Libro Blanco de las Prácticas, que ya proponía medidas de supervisión sin imponer nuevas cargas administrativas.