La Agencia Tributaria prepara un cambio profundo en el control de pagos electrónicos realizados por autónomos y pequeñas empresas. A partir de 2026, cuando se apruebe la orden ministerial correspondiente, los bancos deberán informar de todos los cobros con tarjeta, Bizum profesional y otras pasarelas digitales, sin importar el importe. Con ello desaparece el histórico umbral de 3.000 € que marcaba la obligación de notificar operaciones.
Un salto en la trazabilidad fiscal
El nuevo sistema obligará a las entidades financieras a enviar un reporte mensual a Hacienda, lo que permitirá detectar desajustes casi en tiempo real entre los ingresos declarados y los movimientos reflejados en cuentas y TPV. La medida afectará especialmente a comercios, hostelería, servicios personales y transporte, donde las operaciones digitales suponen gran parte de la facturación.
Entre los movimientos incluidos se encuentran:
- Cobros con tarjeta en TPV físicos y virtuales.
- Bizum profesional asociado a actividad económica.
- Pagos digitales procesados por bancos o plataformas vinculadas.
Bizum: dónde está el límite
La Agencia Tributaria solo recibirá información de los Bizum profesionales. No obstante, si un cliente usa Bizum personal para cobros reiterados con apariencia de actividad económica, el banco puede requerirle que migre a Bizum profesional.
Riesgos y puntos críticos para autónomos
Aunque el funcionamiento diario no cambiará para la mayoría, sí aumentará la cantidad de datos a disposición de Hacienda. Algunos asesores destacan posibles problemas:
- Errores de clasificación en cuentas donde se mezclan usos personales y profesionales.
- Necesidad de llevar una contabilidad más estricta y detallada.
- Mayor probabilidad de recibir requerimientos si no coinciden los ingresos declarados con los comunicados por los bancos.
- Más presión para quienes combinan pagos digitales y efectivo, que deberán cuadrar sin discrepancias.
El cambio encaja con la tendencia hacia la facturación electrónica obligatoria, la automatización de controles y la reducción del uso de efectivo. A falta de conocer la fecha exacta de entrada en vigor, las entidades financieras ya preparan sus sistemas para adaptarse al nuevo modelo.