Autónomos denuncian a España ante Bruselas por el retraso en el IVA franquiciado
Varias asociaciones de autónomos españoles han presentado una denuncia ante la Comisión Europea debido al retraso de España en implementar el IVA franquiciado, un régimen que permite a pequeños negocios no repercutir IVA si no superan un umbral de facturación anual, actualmente fijado en 85.000 euros según la normativa europea.
Qué es el IVA franquiciado
El IVA franquiciado es un régimen voluntario pensado para microempresas y autónomos con pocos gastos deducibles. Permite no repercutir el impuesto en las facturas, pero impide deducirse el IVA soportado en compras y gastos. No se trata de una exención universal, sino de una opción que cada empresario puede evaluar según su actividad, clientes y estructura de costes.
La denuncia ante la Comisión Europea
La Directiva europea que regula este régimen debía haberse traspuesto al ordenamiento español, pero España sigue sin incorporarla, a diferencia de otros países de la UE. Las asociaciones de autónomos sostienen que esto impide simplificar la gestión fiscal de miles de pequeños negocios y les dificulta competir en precio frente a empresas de otros Estados miembros.
El régimen resulta especialmente útil para negocios que trabajan principalmente con consumidores finales, actividades de servicios con pocos gastos deducibles o microempresas que buscan simplificar la gestión y reducir errores y costes indirectos. Por el contrario, quienes soportan mucho IVA en compras o trabajan mayoritariamente con empresas que sí se deducen el impuesto, tienen menor interés en este régimen.
Reticencias del Gobierno
El Ejecutivo justifica el retraso señalando que un régimen de exención amplio podría reducir la recaudación y complicar el control fiscal, aumentando riesgos de fragmentación de negocios o fraude. Hacienda también ha alertado sobre las dificultades de supervisión, ya que el régimen reduce la trazabilidad del IVA en determinados tramos.
Sin embargo, las asociaciones empresariales argumentan que la digitalización de pagos y facturación minimiza estos riesgos y que los pequeños negocios ya actúan de hecho como recaudadores indirectos del IVA, adelantando un impuesto que no les pertenece.
Consecuencias prácticas
- Mayor complejidad administrativa para microempresas y autónomos.
- Dificultad para competir en precio frente a países donde el régimen ya existe.
- Pérdida de herramientas de simplificación fiscal en un entorno con creciente carga normativa.
La denuncia ante Bruselas busca activar un calendario de implantación y garantizar que España cumpla con la normativa europea. Mientras tanto, los autónomos deben operar bajo el régimen general de IVA, manteniendo la incertidumbre sobre cuándo podrán beneficiarse de la franquicia.