Sánchez alcanza las 100 subidas de impuestos y cotizaciones: el símbolo de una política fiscal expansiva desde 2018
El arranque de 2026 deja una cifra tan simbólica como reveladora de la política económica aplicada en España durante los últimos años. Con las medidas que han entrado en vigor el 1 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alcanza el centenar de incrementos acumulados de impuestos y cotizaciones sociales desde su llegada a La Moncloa en 2018.
No se trata únicamente de un hito estadístico. Este umbral resume un modelo de gestión basado en una recaudación creciente, una intervención fiscal continuada y un aumento sostenido del esfuerzo exigido a trabajadores, autónomos y empresas.
Nuevas subidas que refuerzan la tendencia
Las decisiones fiscales aplicadas al inicio del año consolidan esta trayectoria. Las cotizaciones sociales vuelven a encarecerse con la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que alcanza ya el 0,9%, incrementando de forma directa el coste laboral.
A este ajuste se suma el endurecimiento de la Cuota de Solidaridad, que grava los salarios más elevados con tipos que superan el 1,4% en los tramos superiores, al tiempo que la base máxima de cotización rebasa los 5.100 euros mensuales.
El impacto no se limita al empleo. La fiscalidad inmobiliaria también se ve afectada por la revisión al alza de los coeficientes de la plusvalía municipal, penalizando especialmente las transmisiones de vivienda en plazos cortos. Paralelamente, el debate sobre nuevos impuestos energéticos y medioambientales como los que afectan al diésel sigue abierto, generando incertidumbre entre amplias capas de la clase media.
Recaudación histórica, deuda persistente
Desde 2018, el Estado ha ingresado alrededor de 513.000 millones de euros adicionales a través de impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales. Es una cifra sin precedentes recientes, impulsada por la recuperación tras la pandemia y por un prolongado periodo de inflación elevada.
Sin embargo, este aumento de ingresos no ha ido acompañado de un saneamiento equivalente de las cuentas públicas. En el mismo periodo, la deuda del conjunto de las administraciones públicas ha crecido en torno a 507.000 millones de euros, dibujando un balance prácticamente simétrico entre lo recaudado de más y lo endeudado.
Esta evolución alimenta el debate sobre la eficiencia del gasto público, ya que el esfuerzo fiscal adicional no se ha traducido en una reducción del endeudamiento estructural.
Pérdida de poder adquisitivo generalizada
El efecto combinado de inflación, impuestos y cotizaciones ha tenido un impacto directo sobre la renta real de los hogares. Estimaciones económicas y datos oficiales coinciden en que cerca del 80% de la población ha perdido poder adquisitivo desde 2018.
Aunque los salarios nominales han aumentado, lo han hecho a un ritmo insuficiente para compensar la subida de precios y la mayor carga fiscal, agravada por la no deflactación del IRPF. El deterioro es transversal:
- Empleados públicos con rentas medias acumulan pérdidas superiores a 5.900 euros.
- Trabajadores del sector privado con salarios en torno a 26.000 euros anuales han visto reducir su capacidad de compra en más de 2.000 euros.
- En las rentas medias-altas, el impacto supera ampliamente los 5.000 euros.
- Incluso los pensionistas han sufrido pérdidas reales: una pensión media ha dejado de percibir más de 1.200 euros en términos de poder adquisitivo pese a la indexación al IPC.
El reflejo social de la presión fiscal
La evolución de los precios de los alimentos ilustra con claridad este contexto. La cesta de la compra es hoy cerca de un 40% más cara que al inicio de la etapa socialista, convirtiendo un gasto básico en una preocupación constante para miles de familias.
Este escenario tiene consecuencias sociales visibles. Más de un tercio de los menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, mientras que en el conjunto de la población la cifra supera el 25%, situando a España entre los países con peores registros de la Unión Europea.
Aunque el Gobierno suele apoyarse en el crecimiento del PIB nominal para defender su gestión, este avance pierde gran parte de su significado cuando se descuenta el efecto de la inflación y de la mayor presión fiscal.
El inicio de 2026 confirma, así, la continuidad de una estrategia orientada a sostener un gasto público en expansión, mientras la deuda sigue aumentando y el esfuerzo fiscal de ciudadanos y empresas alcanza un nuevo máximo histórico.