Bruselas lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no aplicar la exención de IVA a autónomos y pymes
La Comisión Europea eleva el conflicto al tribunal europeo
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras concluir que el Gobierno no ha incorporado a su legislación una directiva comunitaria clave relacionada con el IVA.
La normativa europea contempla que autónomos y pequeñas empresas con una facturación inferior a 85.000 euros anuales puedan acogerse a un régimen especial de exención del IVA, una medida destinada a simplificar la carga fiscal y administrativa de los negocios más pequeños.
El Ejecutivo español ha defendido ante Bruselas que la directiva permite a los Estados miembros decidir si aplican o no esta opción. Sin embargo, la Comisión considera que España no ha transpuesto correctamente la normativa comunitaria, lo que ha motivado el inicio del procedimiento judicial.
Una directiva diseñada para reducir burocracia
La medida forma parte de la reforma introducida por la Directiva (UE) 2020/285, cuyo objetivo es simplificar el cumplimiento fiscal de las pequeñas empresas dentro del mercado único europeo.
El régimen especial permitiría que negocios con baja facturación no tengan que repercutir el IVA ni cumplir con determinadas obligaciones administrativas asociadas al impuesto.
Actualmente, muchos autónomos en la Unión Europea deben presentar declaraciones periódicas, mantener registros contables detallados y asumir costes de gestión fiscal incluso cuando su actividad económica es limitada.
Con esta reforma, Bruselas pretende reducir esas cargas administrativas para favorecer el crecimiento de las pequeñas empresas y mejorar su competitividad.
El plazo para aplicar la norma terminó en 2024
La Comisión Europea recuerda que el plazo para que los Estados miembros adaptaran sus legislaciones nacionales finalizó en diciembre de 2024.
A partir de esa fecha, los países debían comunicar a Bruselas las medidas adoptadas para integrar la directiva en sus sistemas fiscales.
Según el Ejecutivo comunitario, la mayoría de Estados miembros sí realizaron esa adaptación, mientras que España decidió no incorporar la medida, lo que llevó a Bruselas a considerar que los avances del Gobierno han sido insuficientes.
En estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer sanciones económicas si determina que un país ha incumplido sus obligaciones legales dentro del marco comunitario.
Riesgos para la competencia dentro del mercado único
La Comisión Europea también ha advertido de posibles distorsiones competitivas dentro del mercado único.
Si la mayoría de países permite que sus pymes se beneficien de un régimen simplificado de IVA y España no lo aplica, las empresas españolas podrían quedar en desventaja frente a competidores de otros Estados miembros.
Además, la falta de adaptación normativa podría generar problemas fiscales en operaciones transfronterizas, incluyendo casos de doble imposición o situaciones de no imposición.
La armonización de las reglas fiscales es precisamente uno de los objetivos de la legislación europea para garantizar igualdad de condiciones entre empresas dentro de la UE.
Cambios también en arte, antigüedades y servicios digitales
La directiva no se limita al régimen simplificado para pequeñas empresas. También introduce ajustes en el tratamiento del IVA para determinados sectores.
Entre ellos destacan:
- bienes de segunda mano,
- obras de arte,
- objetos de colección y antigüedades.
Estos sectores cuentan con regímenes fiscales específicos dentro del sistema del IVA para evitar tributaciones excesivas o duplicadas.
La normativa también incorpora disposiciones relacionadas con servicios digitales, incluyendo plataformas de streaming y otros sistemas de distribución virtual, sectores que han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.
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