La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto limitar el precio del suelo protegido como medida para fomentar la construcción de vivienda asequible en la región. El objetivo es que tanto los jóvenes como las familias con menos recursos puedan acceder a pisos a precios razonables.
Sin embargo, la medida podría tener efectos secundarios: varios expertos advierten que una limitación del valor del suelo podría reducir el interés de propietarios y promotores inmobiliarios, que verían recortada la rentabilidad de sus inversiones.
Ayuso estudia limitar el precio del suelo protegido para reactivar la vivienda asequible en Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estudia una medida que podría suponer un punto de inflexión en la política de vivienda regional: volver a fijar un tope al precio del suelo destinado a vivienda protegida.
El objetivo es abaratar el acceso a la vivienda y reactivar la construcción de pisos asequibles en un mercado cada vez más tensionado, donde los precios se alejan del alcance de buena parte de la población.
La propuesta forma parte del borrador del nuevo Reglamento de Vivienda Protegida, actualmente en tramitación, y ya ha abierto un intenso debate entre administraciones, promotores y propietarios.
Un equilibrio complicado
El Ejecutivo autonómico mantiene conversaciones con los principales agentes inmobiliarios para analizar el impacto que podría tener esta regulación. La gran pregunta es si realmente es posible encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica de los proyectos y el interés público por contener los precios.
El regreso de una política derogada en 2008
La idea de limitar el precio del suelo protegido no es nueva. Hasta 2008, la Comunidad de Madrid mantenía un sistema de control que fue eliminado bajo el mandato de Esperanza Aguirre, quien apostó por la liberalización del mercado para favorecer la competencia.
Desde entonces, el valor del suelo ha quedado sujeto a la oferta y la demanda, lo que según los promotores ha encarecido los costes y reducido la rentabilidad de las promociones de vivienda asequible.
Desde el Gobierno regional insisten en que no se trata de imponer un límite inmediato, sino de estudiar fórmulas que garanticen precios razonables sin desincentivar la inversión privada.
Los efectos de la liberalización
El modelo vigente, basado en la subasta de terrenos, ha generado desequilibrios. Según ASPRIMA, el problema está en que el precio de venta de la vivienda está limitado por ley, pero el del suelo no, lo que hace que las administraciones prioricen las ofertas más altas en los concursos públicos.
Esto provoca que las promotoras paguen más por el terreno, pero sin poder repercutir ese coste en el precio final del piso, reduciendo así su margen de beneficio.
Las cooperativas han aprovechado este sistema, ya que al financiarse con aportaciones de socios pueden presentar ofertas más altas, aunque en ocasiones terminan elevando el precio real de la vivienda mediante cuotas extraordinarias.
El resultado: una vivienda protegida cada vez menos accesible para quienes más la necesitan.
Un cambio con transición
ASPRIMA apoya la iniciativa, pero pide prudencia y un periodo transitorio para no poner en riesgo los proyectos en curso ni generar inseguridad jurídica.
La patronal sugiere que el nuevo tope se aplique primero sobre suelos públicos y, en el caso de los privados, se respeten las condiciones de quienes ya invirtieron bajo el modelo actual. También proponen verificar el precio real de adquisición del suelo durante la tramitación de las promociones para evitar operaciones infladas.
El suelo, clave del precio final
El coste del suelo representa entre el 25 % y el 35 % del valor total de una vivienda protegida, según el Ministerio de Vivienda. Por eso, sin un control efectivo del suelo, cualquier ayuda o incentivo acaba repercutiendo en el terreno y no en el precio de venta al ciudadano.
Un precedente: el aumento de los módulos
El Gobierno madrileño ya probó un estímulo similar con la subida del precio de los módulos, que disparó la construcción de vivienda protegida: de 1.854 calificaciones provisionales en 2023 se pasó a 12.648 en 2024, un aumento del 582 %, según datos oficiales.
Madrid concentró más de la mitad de todas las viviendas protegidas calificadas en España ese año (23.967 en total).
El mercado respondió al ajuste económico, aunque los expertos coinciden: sin controlar el precio del suelo, ese impulso podría perder fuerza.