Tres años después de la gran reforma, la Ley Concursal sigue sin funcionar: las microempresas, las grandes olvidadas
Han pasado tres años desde la gran reforma de la Ley Concursal, la norma que debía modernizar los procesos de insolvencia y ofrecer una salida ágil a las empresas en dificultades. Sin embargo, el sistema no ha alcanzado los resultados esperados.
Lo que nació para facilitar la supervivencia de negocios y autónomos se ha convertido en un entramado poco operativo. Las microempresas, que representan más del 90 % del tejido productivo español, siguen sin poder beneficiarse de los mecanismos previstos.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales y Expertos en Reestructuración e Insolvencia (Aspac) alerta de que la aplicación de la ley genera graves disfunciones: falta coordinación, persisten vacíos técnicos y la ausencia de un marco profesional claro abre la puerta a errores e incluso a fraudes.
Un modelo diseñado para agilizar, pero que se atasca
La norma se aprobó con la intención de acelerar los procesos y reducir la carga judicial, y en parte lo ha logrado.
Los planes de reestructuración han demostrado su utilidad para evitar que compañías viables acaben en concurso.
Pero el otro gran pilar de la reforma, los procedimientos especiales para microempresas, no funcionan como deberían.
El principal obstáculo es la falta de una plataforma telemática operativa que permita gestionar los procesos de forma automatizada.
Esta herramienta debía ser el eje del nuevo sistema, pero su desarrollo se ha retrasado una y otra vez. Sin ella, los autónomos y pequeños empresarios se enfrentan a un laberinto burocrático sin salida clara.
La exclusión del administrador concursal, un riesgo añadido
Aspac advierte desde hace meses que la exclusión del administrador concursal en los procedimientos para microempresas debilita la transparencia y el control.
Según su presidente, Diego Comendador, esta decisión “deja al deudor a cargo de tareas técnicas que no siempre sabe gestionar”, lo que puede derivar en procesos opacos o liquidaciones mal realizadas.
Además, los concursos sin masa aquellos sin bienes suficientes para cubrir los gastos del procedimiento se han multiplicado. Sin una figura profesional que supervise, crece el riesgo de ocultación de activos y manipulación de cuentas, minando la confianza en el sistema.
Los planes de reestructuración: un avance con luces y sombras
No todo es negativo. Los planes de reestructuración introducidos con la reforma han permitido a muchas empresas reordenar su deuda y evitar el concurso.
Estos mecanismos facilitan acuerdos entre deudores y acreedores y reducen la intervención judicial, lo que agiliza la tramitación.
Se calcula que ya se han aprobado unos 700 planes, una cifra que demuestra que el modelo puede funcionar si cuenta con herramientas y profesionales adecuados.
Sin embargo, la brecha entre empresas medianas y microempresas sigue siendo evidente: las primeras disponen de asesoramiento jurídico y financiero; las segundas, no.
Una digitalización pendiente y un estatuto que no llega
La reforma preveía una plataforma digital para centralizar los procedimientos de insolvencia, pero la falta de desarrollo tecnológico y de personal ha dejado la promesa en papel mojado.
En la práctica, las microempresas siguen dependiendo de trámites presenciales y procesos lentos, contrarios al espíritu de modernización de la ley.
A ello se suma la ausencia del Estatuto del Administrador Concursal, clave para profesionalizar el sector y unificar criterios. Su inexistencia genera desigualdades entre juzgados y criterios dispares en la aplicación de la norma.
España, lejos de los estándares europeos
Mientras otros países europeos avanzan hacia sistemas más integrados y digitales, el modelo español sigue rezagado.
Los expertos advierten de que, si no se corrigen pronto las deficiencias, la ley seguirá siendo ineficaz para quienes más la necesitan: los pequeños negocios y los autónomos.
Aspac insiste en que ha llegado el momento de revisar la norma a fondo. Tras tres años de aplicación, hay suficientes datos para identificar sus puntos débiles y proponer una versión más moderna, justa y funcional.
El objetivo, recuerdan desde la asociación, no es solo salvar empresas, sino reforzar la economía productiva y mantener la confianza de trabajadores y acreedores.