La élite de Vigo y su isla privada: un paraíso que podría dejar de ser exclusivo

Toralla, la isla privada de Vigo que lleva décadas cerrada al público

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Toralla, la isla privada que divide a Vigo

Quizás no tenga la fama de las Islas Cíes, pero la Isla de Toralla también es única. A su manera. Más que por su fauna o flora, esta pequeña isla situada en la costa sur de Galicia destaca por algo muy distinto: su situación legal.

Aunque está conectada al litoral vigués por un puente de 400 metros y debería cumplir con la Ley de Costas, en la práctica Toralla funciona como una urbanización privada a la que casi nadie puede acceder.

Al final del viaducto, una garita con vigilancia permanente controla el paso. La barrera solo se levanta para los pocos residentes autorizados, sus invitados y los investigadores de la Estación de Ciencias Marinas de Toralla (ECIMAT), un centro vinculado a la Universidad de Vigo inaugurado en 2006.

Toralla es, en esencia, una ciudad dentro de otra ciudad. Un enclave exclusivo reservado para un grupo reducido de vecinos entre los que se encuentra parte de la élite empresarial local. Según datos de El País, apenas 149 personas están censadas oficialmente en la isla, aunque en los meses de verano la cifra se multiplica.

Dos formas de visitarla

Toralla por dentro: la isla privada de Vigo que casi nadie puede visitar

Como el acceso a la isla está cerrado a cualquier persona ajena a sus residentes, hay solo dos formas de descubrir qué se esconde tras su garita.
Una es acercarse a pie hasta el puente y, sin cruzar la barrera, bajar a las pequeñas calas situadas a ambos lados de la pasarela, abiertas al público desde los años 90 gracias a una sentencia del Tribunal Supremo.
La otra —más cómoda— es hacerlo desde casa: basta con abrir Google Maps para observar, a vista de pájaro, los chalés, jardines y piscinas que se reparten por su interior.

La torre que domina el paisaje

La pieza más reconocible (y también más polémica) de Toralla se ve incluso desde gran parte del litoral vigués: una torre de 70 metros y 21 plantas, levantada entre finales de los años 60 y principios de los 70, durante el boom del desarrollismo.
En portales inmobiliarios como Idealista pueden encontrarse anuncios de viviendas en su interior: un piso de 120 m² en la planta 18 se vende por 620.000 euros.

Una urbanización casi autónoma

Toralla funciona, en la práctica, como un condominio privado. El Ayuntamiento de Vigo apenas tiene presencia en la isla: la comunidad de vecinos gestiona directamente los servicios básicos, desde el alumbrado y el suministro de agua hasta el mantenimiento de los viales, según recoge El Confidencial.

De la Iglesia a Toralla S.A.: la historia de una anomalía

Que Toralla sea hoy una isla de uso privativo es el resultado de una historia compleja.
Hasta el segundo tercio del siglo XIX perteneció a la Iglesia, pero tras la Desamortización pasó a manos del marqués de Valladares.
Después cambió varias veces de propietario —en 1884 llegó a albergar una fábrica de cuerdas, Cordelerías Ibéricas— hasta que, a mediados de los años 60, quedó bajo el control de una sociedad llamada Toralla S.A.

Ese momento marcó el futuro de la isla. En apenas unos años se levantaron el puente de acceso, la torre residencial y una treintena de chalés de lujo con jardines y piscinas que llegan casi hasta las rocas donde rompe el mar.

El proyecto que nunca fue

No era suficiente. En su día se llegó a proponer la construcción de un bloque de nueve alturas y 120 metros de longitud con 85 viviendas de alto nivel.
La ciudad reaccionó con firmeza. “Va contra toda idea, no solo paisajística, sino que hasta tengo miedo de que se hunda la isla”, ironizaba en 1975 el entonces alcalde Joaquín García Picher.
Tras años de disputas legales, el Tribunal Supremo dio finalmente la razón al consistorio y paralizó el megaproyecto en 1978.

¿Adiós a los privilegios?

El futuro de Toralla: el Gobierno quiere abrir al público la costa de la isla privada de Vigo

La Isla de Toralla lleva años acaparando titulares por su estatus singular, pero en los últimos meses el interés se ha disparado. Una simple búsqueda en Google basta para comprobarlo. El motivo es claro: si el Gobierno cumple su palabra, los residentes podrían perder uno de los privilegios más antiguos que conservan desde hace décadas —ser los únicos, junto a los trabajadores del Ecimat, que pueden disfrutar de su costa.

En junio, durante una visita a la playa de Samil, la ministra Sara Aagesen aseguró que el Ejecutivo defenderá el acceso público al dominio marítimo-terrestre en la zona.

“Tiene que ser de uso público y estamos trabajando en la definición del proyecto. Esperamos tenerlo justo a la vuelta del verano”, afirmó entonces.

Según adelantó El Confidencial, el Gobierno ya está ultimando el plan para abrir el perímetro de la isla, lo que implicaría levantar la garita que actualmente impide el paso a los no residentes y recuperar la franja de dominio público de Toralla.

Un privilegio sostenido por una concesión

Para entender este movimiento hay que revisar la situación legal de la isla. Toralla S.A., la sociedad que la gestiona, posee una concesión administrativa otorgada a mediados de los años 60, con una duración cercana a un siglo: vence en 2064.

Entre tanto, a finales de los 80 entró en vigor la Ley de Costas, que establece que todo el litoral español debe ser de uso público. Hoy, Toralla no se ajusta completamente a esa normativa.
De hecho, si los vigueses pueden al menos bajar a las pequeñas calas situadas a ambos lados del puente, no es por cortesía de la sociedad, sino por una sentencia judicial de los años 90, que obligó a reubicar la garita hasta el inicio de la pasarela y garantizar el acceso público a esas zonas.

Un paseo para recuperar la costa

La Ley de Costas contempla una “servidumbre de tránsito”: una franja de seis metros a lo largo del litoral que debe permanecer libre para el paso peatonal y donde no se puede construir.
Ese es precisamente el objetivo del nuevo proyecto que Vigo impulsa con el apoyo del Gobierno: crear un paseo perimetral de 1,5 kilómetros de largo y al menos seis metros de ancho que rodee la isla.

Para hacerlo realidad, los propietarios tendrían que ceder parte de sus terrenos, pero el resultado sería simbólicamente poderoso: poner fin a décadas de exclusividad y eliminar uno de los pocos tramos del litoral español que aún no cumple completamente el deslinde público.

Imágenes | Ángel (Flickr)Google Earth y Google Maps

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