Telegram arremete contra el Gobierno español por su plan de regulación de redes sociales y Pedro Sánchez responde

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Los gigantes tecnológicos cargan contra Pedro Sánchez tras su propuesta de regular las redes sociales

La popularidad internacional de Pedro Sánchez se ha disparado entre los grandes magnates tecnológicos tras su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, donde anunció cinco medidas para regular el funcionamiento de las redes sociales. Las propuestas han provocado una reacción inmediata de algunas de las figuras más influyentes del sector tecnológico global.

Si en la jornada anterior fue Elon Musk quien respondió al presidente del Gobierno español calificándolo de “tirano” y “fascista totalitario”, este jueves ha sido el turno de Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram.


Telegram alerta a los usuarios españoles sobre una “amenaza a las libertades en internet”

Dúrov ha utilizado su propia aplicación de mensajería para enviar un mensaje masivo a todos los usuarios de Telegram en España, en el que advierte de lo que considera una amenaza directa a las libertades digitales. En el texto, el empresario denuncia las que define como “nuevas regulaciones peligrosas” impulsadas por el Ejecutivo español.

Según Telegram, las medidas anunciadas por Sánchez “podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”, una afirmación que sitúa el debate en el terreno de los derechos fundamentales y la privacidad digital.


Críticas punto por punto a las cinco medidas anunciadas por el Gobierno

El mensaje difundido por Telegram analiza una a una las cinco medidas propuestas por el presidente del Gobierno y señala los riesgos que, a juicio de la plataforma, conlleva cada una de ellas.

En relación con la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, Dúrov sostiene que esta iniciativa sentaría un precedente peligroso al obligar a rastrear la identidad de “cada usuario”, abriendo la puerta a sistemas de verificación masiva.

Respecto a la propuesta de que la responsabilidad personal y penal recaiga sobre los directivos de las plataformas, el fundador de Telegram advierte de que esta medida forzaría la sobrecensura, ya que las empresas optarían por eliminar contenidos de forma preventiva para evitar sanciones.

Este punto, sin embargo, ya ha sido abordado por la Comisión Europea, que recuerda que la Ley de Servicios Digitales no persigue a individuos concretos, sino que establece obligaciones y sanciones dirigidas a las plataformas como entidades jurídicas.


“Huella de odio” y amplificación de contenidos: los puntos más polémicos

Otra de las medidas más criticadas es la creación de una “huella de odio y polarización”. Dúrov afirma que una definición ambigua de qué constituye odio podría derivar en multas o cierres de plataformas por criticar al gobierno, lo que, en su opinión, supone un riesgo para la libertad de expresión.

Por último, el empresario carga contra la posible tipificación como delito de la amplificación de contenido ilegal, asegurando que esta medida daría al Ejecutivo “carta blanca para dictar lo que se puede ver” en internet y sofocaría las opiniones disidentes.


Sánchez responde con una cita de Don Quijote

La respuesta de Pedro Sánchez no se hizo esperar. El presidente reaccionó al mensaje del fundador de Telegram con una publicación en X, en la que recurrió a una referencia literaria de Don Quijote de la Mancha:

Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.

Con esta frase, el jefe del Ejecutivo defendió su agenda regulatoria y dejó claro que el Gobierno seguirá adelante con su plan, pese a las críticas de algunos de los actores más poderosos del ecosistema digital global.

La Moncloa interpreta las críticas como una confirmación del rumbo del Gobierno

Desde La Moncloa se ha hecho llegar al diario El País que el Gobierno español interpreta las reacciones de los magnates tecnológicos como un indicio de que el presidente Pedro Sánchez ha puesto el foco en un problema real y estructural.

“Estamos asustando a los poderosos de verdad, es una buena señal, vamos en el buen camino”, ha señalado un miembro del Ejecutivo que ha preferido no ser identificado. Según estas fuentes, las respuestas de figuras influyentes del sector tecnológico refuerzan la idea de que las medidas anunciadas afectan a intereses consolidados.


El Gobierno responde por escrito al fundador de Telegram

Paralelamente, La Moncloa ha difundido un documento oficial de respuesta dirigido a Pável Dúrov, fundador y director ejecutivo de Telegram, tras el mensaje masivo enviado a los usuarios españoles de la aplicación.

“El Gobierno no puede aceptar que tecno-oligarcas extranjeros inunden los teléfonos de los ciudadanos con propaganda a su antojo simplemente porque se han anunciado medidas para proteger a los menores y hacer cumplir la ley”, señala el texto del Ejecutivo.


Acusaciones de desinformación y falta de moderación

En el documento, el Gobierno recuerda que Dúrov está siendo investigado por presuntos delitos graves, un extremo que menciona para contextualizar sus críticas a la plataforma. Asimismo, sostiene que el empresario ruso ha “diseñado deliberadamente una arquitectura de mínima moderación”, lo que, según el Ejecutivo, ha convertido a Telegram en un espacio recurrente para actividades criminales documentadas.

El texto subraya que esta falta de control no es una cuestión ideológica, sino un problema de cumplimiento legal y de seguridad pública.


“Una estrategia para erosionar la confianza institucional”

El comunicado concluye con una acusación directa sobre la intencionalidad del mensaje difundido por Telegram. Según el Gobierno, el contenido enviado por su fundador “refleja la forma de operar de los tecno-oligarcas en las redes sociales”, al estar “lleno de bulos” y orientado a debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Con esta respuesta, el Ejecutivo eleva el enfrentamiento con los grandes actores tecnológicos a un plano político e institucional, defendiendo que la regulación anunciada no busca censurar, sino garantizar derechos, proteger a los menores y reforzar el Estado de derecho en el entorno digital.

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