El Gobierno ha confirmado el aplazamiento de Verifactu, el sistema de verificación de facturas electrónicas, que ahora será obligatorio en 2027:
- Para empresas que tributan por Impuesto de Sociedades: 1 de enero de 2027.
- Para pymes y autónomos: 1 de julio de 2027.
La medida modifica el calendario inicialmente previsto para 2026, cuando muchas compañías ya habían iniciado o completado su adaptación. La reacción ha sido mixta: mientras algunos celebran un respiro operativo, otros muestran preocupación por la creciente inseguridad jurídica que genera este tipo de cambios.
Qué es Verifactu
Verifactu es un sistema de facturación que obligará a empresas y autónomos a usar software certificado, capaz de garantizar:
- Integridad y trazabilidad de las facturas.
- Envío automático de datos relevantes a la Agencia Tributaria.
Su objetivo principal es combatir el fraude fiscal y modernizar los procesos contables. Para conocerlo en detalle:
- Qué es Verifactu y cómo funciona
- Qué software cumple los estándares de Hacienda
Reacciones del sector: alivio y frustración
El aplazamiento ha sido percibido como un respiro, especialmente para pequeñas empresas que pedían más tiempo para adaptarse. Sin embargo, una parte significativa de empresarios se muestra desconcertada, ya que el cambio se anunció apenas un mes antes de la fecha original de obligatoriedad.
Voces del sector señalan un problema más profundo: la falta de estabilidad normativa. Javier Meizoso, director de Legalpin, subraya que muchas compañías ya habían invertido recursos siguiendo un calendario “presentado como firme”, y advierte que decisiones de este tipo erosionan la confianza, especialmente en un país donde la inversión extranjera cayó más del 60 % en la primera mitad de 2025.
Según Andrés Karp, alrededor de un millón de pymes estaban en proceso de implantación, con un coste medio de entre 1.000 y 2.000 euros por empresa, lo que supone entre 1.000 y 2.030 millones de euros ya desembolsados, ahora en el aire. Su conclusión es clara: la digitalización es imprescindible, pero sin un calendario estable, el coste recae sobre quienes menos margen tienen para absorberlo.
No seguir posponiendo
Marc Domínguez, gestor fiscal, advierte del “efecto arrastre” de cada retraso: más procrastinación, menor percepción de riesgo ante el incumplimiento y un escenario donde la implantación real podría colapsar técnicamente.
Además, recuerda que la obligación sigue vigente y que la postergación no supone amnistía: las sanciones continuarán.
En pocas palabras, el nuevo aplazamiento ofrece margen, pero también riesgo evidente: muchas pymes podrían posponer la adaptación. La recomendación de asesorías y especialistas es no deshacer lo ya avanzado y mantener un ritmo razonable de implantación tecnológica.
Según El Economista, Hacienda continuará desarrollando el sistema y ajustando las pruebas técnicas para evitar colapsos cuando llegue la obligatoriedad. Las empresas que iban retrasadas tienen una segunda oportunidad de ponerse al día; para el resto, el consenso es claro: seguir adelante y no posponer más la adaptación.