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Un encapuchado prende fuego a un radar en la A‑92 de Sevilla

Un encapuchado prende fuego a un radar en la A‑92 de Sevilla

Una persona con capucha subió a la estructura de información de la A‑92, situada en la zona de acceso a Sevilla, y prendió fuego al radar de tramo instalado allí. El suceso, captado en varios videos que se han difundido ampliamente, ha reavivado la discusión sobre los actos vandálicos contra los equipos de control de velocidad en Andalucía.

Hechos documentados

El video inicial, subido a Instagram por la cuenta @lasevillaenfurecida, muestra al sujeto ascender por la pasarela del panel, descender por una escalera lateral y abandonar el lugar mientras el radar se consume en llamas. Según la prensa local, el dispositivo se ubica en la entrada a Sevilla desde Alcalá de Guadaíra, cerca del Centro Zoosanitario municipal. Algunas tomas indican que los restos en llamas caen sobre la calzada, mientras que otras señalan que el fuego se extiende bajo el aparato, junto a la vía. No se emitieron alertas ni se registró ningún incidente.

Ese clip forma parte de una serie de tres. En la SE‑30, frente al mural del grupo SFDK, varios individuos aparecen cortando el poste de otro radar con una herramienta de gran tamaño, cargándolo en un coche y quemándolo. En Alcalá de Guadaíra, otro radar quedó atado a un vehículo y fue arrancado bruscamente, usando una cuerda o cinchas. Este último episodio tuvo lugar a principios de mayo de 2026 y afectó a uno de los cinco radares fijos que el Ayuntamiento había colocado el otoño anterior en tramos de 50 km/h. Los perpetradores se llevaron la caja y el cableado; el conjunto fue hallado quemado en un terreno baldío próximo al aeropuerto de San Pablo.

Investigación y marco legal

La unidad de investigación del Sector de Tráfico de Andalucía de la Guardia Civil (UNIS) ha iniciado diligencias, aunque no ha divulgado oficialmente cuántos dispositivos resultaron dañados ni quiénes son los responsables. Tampoco se dispone de las fechas precisas de los incidentes en la A‑92 y en Alcalá. Una plataforma de verificación los registra como casos abiertos y sin resolver. La miniaturización de algunos radares, como el modelo Velolaser de 50 cm y 3 kg, dificulta su localización, aunque los equipos más visibles siguen siendo objetivo de actos vandálicos.

La DGT, que en 2025 se pronunció tras la destrucción de siete radares en otras comunidades, califica estos hechos como delitos de daños, tipificados en los artículos 263 a 267 del Código Penal. Cuando el daño persigue impedir el ejercicio de la autoridad, la pena agravada contempla entre uno y tres años de prisión y multas de doce a veinticuatro meses. Además, los responsables deberán responder por el valor del equipo, estimado en 67 000 euros por cada radar fijo según la DGT. Desde entonces, la Dirección General de Tráfico ha colocado cámaras de vigilancia en los puntos vulnerables, enlazadas a sus centros de gestión.

Motivaciones y antecedentes

La cuenta que difunde los videos atribuye los actos a un «justiciero» que, según declara, actúa contra radares que percibe como instrumentos de recaudación. La narrativa recuerda a un grupo de jóvenes que, hace seis años, se hacía llamar «Payasos Justicieros», inspirado en los revolucionarios del bloque de la serie «La Que Se Avecina». No existe confirmación policial de un vínculo entre ambos fenómenos.

En 2025, la DGT informó que los radares de la Dirección General de Tráfico recaudaron 246,8 millones de euros, un 14 % más que el año anterior, y que la velocidad representó el 41,5 % de la recaudación por multas, excluyendo el País Vasco y Cataluña. Solo 50 dispositivos concentraron 1,3 millones de denuncias. La asociación Automovilistas Europeos Asociados sostiene que muchos radares son «meros instrumentos de recaudación». La DGT contrarresta con datos del Observatorio Europeo de Seguridad Vial, que indican que la velocidad excesiva está implicada en el 10‑15 % de los accidentes y en el 30 % de los mortales. Su director, Pere Navarro, defiende los radares como la única vía eficaz para reducir la velocidad.

El caso de Francia, donde durante las protestas de los chalecos amarillos de 2018 se inutilizaron cientos de radares, sugiere que movimientos organizados pueden estar detrás de actos similares en Sevilla. En aquel contexto, se llegó a mencionar que hasta el 60 % de los radares automáticos del país fueron objetivo de los manifestantes, quienes los veían como símbolos de un gobierno que les «usurpaba» demasiado dinero.

Planes municipales

El Ayuntamiento de Sevilla contempla la instalación de más radares en tramos como la Ronda Urbana Norte y la avenida de la Palmera. Estas medidas forman parte de un proyecto contra el ruido, con un presupuesto aproximado de diez millones de euros, que se prevé concluir en 2029.

Por qué importa

Este episodio evidencia la fragilidad de los sistemas de control de velocidad y la posible existencia de colectivos que los consideran instrumentos de recaudación. Conforme avance la investigación, la respuesta de las autoridades locales y de la Dirección General de Tráfico determinará si se refuerzan las medidas de seguridad y se sancionan los actos vandálicos, lo que podría influir en la percepción de la efectividad de los radares en la lucha contra la velocidad excesiva en España.

Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.

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