Fiscalía y Junta solicitan tres años y medio de cárcel para dos administradores por la zanja en el yacimiento de Pintia

La Fiscalía de Valladolid y la Junta de Castilla y León han pedido una pena de tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los dos administradores que, según la acusación, realizaron una zanja en el yacimiento de Pintia sin contar con la autorización correspondiente. El proceso está previsto para marzo de 2027 y también incluye una solicitud de resarcimiento que supera los novecientos mil euros.
Hechos y descubrimiento
El 12 de enero de 2024, una retroexcavadora abrió una zanja de diez centímetros de diámetro con el objetivo de colocar una tubería de riego destinada al cultivo de ajos y remolacha. La intervención tuvo lugar en el núcleo del poblado prerromano de Las Quintanas, en Padilla de Duero (Peñafiel), declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. El responsable del yacimiento, Carlos Sanz, constató la obra durante una inspección rutinaria en época de lluvias y notificó al SEPRONA, que detuvo de inmediato los trabajos.
Dimensiones del daño
Según la acusación, la zanja alcanzó una longitud aproximada de 260 metros, aunque la Universidad de Valladolid (UVa) la reduce a 230 metros. La anchura oscila entre 40 y 60 centímetros y la profundidad entre 1,20 y 1,50 metros, cruzando las parcelas 62 y 66 dentro del núcleo de 25 hectáreas. Los primeros sondeos técnicos estiman que se han destruido cerca de 1.200 metros cúbicos de terreno, describiendo el perjuicio como «completamente destrozado». El propio Sanz describió la pérdida como imposible de recuperar.
El corte de la estratigrafía ha alterado los niveles de tierra que permiten fechar con precisión los restos arqueológicos. Se han afectado parcelas de viviendas vacceas y romanas, se ha seccionado un tramo de la muralla vaccea y se ha modificado un sector artesanal extramuros. Entre los fragmentos encontrados aparecen vasijas, cerámicas, adobes y tejas.
Reclamaciones de la Fiscalía y la Junta
La Fiscalía y la Junta solicitan una pena de tres años y seis meses de prisión para cada acusado, mientras que la UVa propone una condena de tres años. Todas las partes también piden una multa por el delito imprudente. En cuanto a la restitución, la Junta requiere que los acusados asuman las medidas necesarias para restaurar el bien en la medida de lo posible.
La Fiscalía demanda una indemnización de 918.853,40 euros, basada en un peritaje de noviembre de 2024. La Junta solicita 669.470,51 euros y la UVa 235.792,12 euros, esta última por la pérdida de capacidad de investigación de su Centro de Estudios Vacceos. Las aseguradoras Mapfre y AXA aparecen citadas como responsables directas en la petición de la Fiscalía.
Defensa y argumentos legales
Los acusados afirman que cultivan ajos y remolacha desde 2017 en una finca de 3,80 hectáreas y que nunca recibieron aviso de la protección arqueológica en el contrato de arrendamiento, el Registro ni el Catastro. Alegan que el cartel presente era genérico y estaba deteriorado, mientras la acusación sostiene que existían carteles informativos desde 2003 y 2004. La defensa también impugna la tasación de los daños.
En el marco jurídico, el artículo 323 del Código Penal exige dolo, pero admite la eventualidad: basta con prever el daño como probable y aceptarlo. El error invencible exime al culpable, aunque no se admite si el yacimiento es notorio. Si se considera un error vencible, la conducta se tipifica como imprudencia grave (artículo 324), con una sanción de multa de tres a 18 meses y la obligación de reparar el daño.
Contexto judicial y precedentes
La jurisprudencia incluye casos de saqueadores que conocían la naturaleza del bien, como la necrópolis celta de Aratikos, donde el Supremo condenó a tres años de prisión. En situaciones similares a Pintia, la discusión se centra en el grado de conocimiento de los autores. Un artículo académico citado indica que los tribunales han atenuado penas por falta de señalización y que el Supremo (STS 641/2019) no exige una declaración administrativa previa para que exista protección penal.
Lo que se juzgará
El proceso judicial determinará dos cuestiones clave: qué sabían o podían saber los acusados sobre la protección del yacimiento y si la apertura de una zanja de diez centímetros de diámetro puede conllevar una pena de prisión y una indemnización cercana al millón de euros. El daño físico al yacimiento es irreversible, pero la sentencia definirá la responsabilidad penal y económica de los implicados.
Por qué importa
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los bienes arqueológicos protegidos en España y la necesidad de cumplir con la normativa de protección del patrimonio. La decisión judicial influirá en la forma en que propietarios y empresas gestionen terrenos con restos arqueológicos, y determinará el alcance de las sanciones económicas y penales aplicables.
Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.
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