Juicio por la difusión de un falso caso de violación y asesinato en un bar de carretera

El caso que ha alimentado una conspiración de casi tres décadas en la N‑340, a la altura de Benicarló, se ha convertido en un juicio que no busca demostrar una supuesta trama criminal, sino la difusión de una historia falsa. La acusación se centra en la campaña de difamación que mantuvo viva la leyenda de un bar de carretera donde, según se afirmaba, políticos, jueces y empresarios habrían violado y asesinado a menores.

La raíz del rumor se remonta a 1997, cuando el peluquero Reinaldo Colás, recién divorciado, acusó al nuevo novio de su exmujer de agredir a sus hijas de tres y cinco años. La causa fue archivada por una jueza, pero Colás inició una campaña de difamación contra la magistrada y otros implicados. En 2013 fue condenado por denuncia falsa y falleció en 2017. A partir de entonces, la historia se fue ampliando con la inclusión de un capitán de la Guardia Civil, la directora de un centro de menores, dos empresarios y un fotógrafo, y posteriormente de políticos como Carlos Fabra, Francisco Camps, Mónica Oltra y Gabriela Bravo, todos citados como perjudicados sin pruebas.

La difusión del bulo

Desde 2013, un usuario con el alias “técnico preocupado” alimentó una red de webs que difundían nombres, fotos y datos personales de los supuestos implicados. La policía registró su domicilio en 2016. Otros blogueros publicaron audios que vinculaban a una magistrada con el asesinato de una familia y fueron condenados por intromisión en el honor. En 2016, una redactora publicó un artículo que hablaba de casi cien niños violados en Castellón, sin contrastar la información. El auto de 2021 señaló que ninguno de los difusores había verificado las retractaciones de los menores ni la condena de Colás.

El juicio y sus acusados

La causa cuenta con seis acusados y un editor de medio digital, todos imputados por delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad contra autoridades, funcionarios y particulares. Entre ellos se encuentran el bloguero, la redactora del artículo de 2016, el alias “técnico preocupado” y el responsable de la asociación de abogados que se presentó como defensora de los niños. La causa llegó a tener 20 investigados.

El proceso se ha programado con varias fases: el 16 de mayo, cuestiones previas; los días 20 y 21, declaración de 34 testigos, entre ellos la magistrada víctima del bulo, Fabra, Camps y Oltra; el 22, peritos y el jefe del grupo tecnológico de la Policía Nacional en Castellón; y los días 23 y 26, cierre de la vista. De los cuatro perjudicados, solo Camps se ha presentado como acusación particular.

Reacciones de los implicados

La jueza que archivó la denuncia de 1997 describe la historia como un auténtico infierno. Oltra, que declarará, recuerda que le decían que ella formaba parte del caso, cuando lo único que hizo fue llevar un dossier a la Fiscalía. Camps, al ser preguntado por El País, confiesa que apenas se acuerda del asunto. La historia, que ha sobrevivido casi treinta años gracias al efecto Mandela, demuestra cómo una mentira puede persistir cuando se reproduce sin verificación.

Con la apertura de este juicio, se espera que se establezca una jurisprudencia que permita abordar otras construcciones ficticias que circulan para difamar a personas y colectivos en el espectro político.