La Policía Nacional y Municipal desalojan la acampada de Sol y detienen a dos por resistencia

En la madrugada del 3 de noviembre la Policía Nacional y la Policía Municipal desalojaron la acampada popular de la Plaza de Sol, expulsando a 334 personas y deteniendo a dos por desobediencia y resistencia. La operación contó con 220 agentes de la Policía Nacional, 180 de la Policía Municipal, bomberos y servicios sociales, y se llevó a cabo bajo la premisa de que el derecho de reunión había alcanzado sus límites, según la Delegación del Gobierno.

Desarrollo del desalojo

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la intervención se inició a las 3 de la madrugada. Los agentes ingresaron en la plaza, retiraron los puestos y los trasladaron a depósitos municipales mientras los servicios de limpieza del Ayuntamiento se ocupaban de eliminar los restos de la acampada. La cifra oficial indica que 334 personas fueron desalojadas, aunque fuentes policiales estiman que el número de identificadas ronda los 200, reflejando la habitual discrepancia en los recuentos.

Dos individuos fueron arrestados por desobediencia y resistencia. La Policía afirma que la mayoría de los acampados abandonó el lugar por su propia voluntad, mientras que la propia organización de la acampada denuncia el uso de violencia, golpes y gas pimienta, con varios heridos. La Delegación del Gobierno, por su parte, sostiene que el desalojo transcurrió sin violencia.

Contexto y antecedentes

La acampada se originó el 26 de septiembre después de la protesta por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. En su punto álgido, la ocupación reunió a más de 40 colectivos y, según datos de la propia organización, pasó de 500 puestos el 30 de septiembre a casi 1.800 diez días después. No obstante, los sindicatos policiales aseguraron que muchas de esas estructuras estaban vacías.

El 2 de octubre el Sindicato de Inquilinas abandonó la acampada, lo que provocó una pérdida de cohesión en el movimiento. Posteriormente, el delegado del gobierno prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos envió una carta a los acampados indicando que había transcurrido un «tiempo razonable» y, el 29 de octubre, emitió una segunda notificación que exigía la retirada de las estructuras. El 30 de octubre los portavoces anunciaron la disolución de las comisiones, y el 31 de octubre el movimiento declaró su «traslado» a los barrios para organizar la huelga general.

Al final, solo permanecieron en la plaza la comisión de personas sin hogar y un grupo independiente que deseaba quedarse. La Delegación del Gobierno describió el desalojo como «último recurso» y señaló la aparición de presuntos hechos delictivos, así como problemas de seguridad, insalubridad y daños al patrimonio.

Reacciones políticas y económicas

El Partido Popular de Madrid interpretó la medida como una maniobra del Gobierno para debilitar la campaña del PSOE, según el portavoz Carlos Díaz‑Pache. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, publicó una foto de la plaza llena de basura, enmarcando el dilema entre «comunismo y libertad».

El alcalde de Madrid, José Almeida, afirmó que la ocupación duró 38 días y que provocó más de 30 millones de euros en pérdidas para el comercio, calificándola como una «nueva factura del sanchismo». No explicó el método de cálculo, y el Ayuntamiento había aprobado previamente un abono de 30 millones en el Pleno. La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEIM) estimó caídas de hasta el 70 % en algunos negocios, mientras que la organización Cocem calculó pérdidas cercanas a 25 millones. Hasta la fecha no existe una medición independiente con método público.

Consecuencias judiciales y comparativas

El Gobierno regional presentará una denuncia penal contra prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos, sumándose a la denuncia de Vox y a otra anunciada por Almeida. El sindicato policial Jupol consideró que el desalojo llegó demasiado tarde y sirvió para desviar la atención.

Otros focos de acampada no siguieron el mismo destino. En Oviedo la ocupación se retiró tras 23 días, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y otras entidades locales. En Sevilla, la acampada en las Setas se cerró a mediados de octubre. En Barcelona, los organizadores afirmaron que permanecerían al menos hasta el 29 de noviembre y, de ser desalojados, ocuparían cualquier otro espacio. Los Mossos despidieron el 23 de octubre un bloque vacío y denunciaron a 19 personas.

Próximos acontecimientos

Con la Plaza de Sol ya bajo control municipal, quedan ocho días para la huelga general del 11 de noviembre y 26 días para las elecciones del 29 de noviembre. Las comisiones de Sol se adjudican la convocatoria de elecciones anticipadas como una de sus victorias, aunque la plaza vuelve a ser un espacio para turistas y comerciantes.

Por qué importa

El cierre de la acampada de Sol muestra cómo las autoridades pueden intervenir cuando consideran que una protesta ha superado los límites legales, lo que podría influir en la gestión de futuras ocupaciones. Además, la situación pone de relieve la falta de fuentes visuales independientes durante el desalojo, lo que dificulta la evaluación objetiva de la actuación policial.

Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.