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Proponen vender un piso de 78 m² en Altza por 170 000 euros, aunque está okupado y sin posibilidad de visita ni tasación

Proponen vender un piso de 78 m² en Altza por 170 000 euros, aunque está okupado y sin posibilidad de visita ni tasación

En Altza, San Sebastián, se propone la venta de un piso de 78 m² por 170 000 euros, lo que supone 2 179 euros por metro cuadrado, una oferta que destaca en la localidad con los precios más altos de España para la compra de vivienda. No obstante, el anuncio publicado en Idealista contiene una serie de requisitos que hacen que la operación difiera notablemente de una compraventa tradicional.

Datos del bien y valoración

El domicilio se sitúa en el número 17 de la calle Jolastokieta, dentro del barrio de Altza. Se trata de una planta baja exterior de un bloque erigido en 1960, con una superficie construida de 78 metros cuadrados y 65 metros útiles. La distribución incluye tres dormitorios, salón, cocina, baño y un garaje adosado de 18 metros cuadrados. La reforma se realizó en 2007; se anuncia como segunda mano, en buen estado y sin sistema de calefacción.

Con un precio de 170 000 euros, el coste por metro cuadrado resulta un 67 % menor que la media de 6 635 euros por metro cuadrado registrada en San Sebastián y casi la mitad del promedio de 4 175 euros por metro cuadrado que se solicita en el propio barrio de Altza.

Situación de ocupación y restricciones

El anuncio señala que el piso «se encuentra okupado ilegalmente». Según la propia publicación, hay personas residiendo en la vivienda sin autorización del propietario, lo que impide al comprador tomar posesión inmediata, aun habiendo abonado la totalidad del importe.

Asimismo, se indica de forma clara que «NO es posible visitar ni se puede tasar para hipoteca». Estas condiciones obligan al interesado a efectuar el pago sin haber inspeccionado el estado real del inmueble y sin disponer de la tasación que habitualmente exige una entidad financiera para conceder una hipoteca.

Una de las agencias participantes reconoce que las dimensiones, la distribución y los atributos provienen de la información registral y podrían no coincidir con la realidad física del bien. Por ello, el comprador desconoce tanto el momento en que podrá acceder a la vivienda como la correspondencia entre lo anunciado y lo que encontrará en el interior.

Modalidad de cesión de remate judicial

La operación se plantea mediante una «cesión de remate judicial», mecanismo que permite transferir a un tercero los derechos de adjudicación de un inmueble procedente de una subasta antes de completar ciertos trámites. Normalmente, quien cede esos derechos es una entidad financiera o un fondo acreedor que prefiere traspasar la adjudicación a un comprador antes de incorporarla a su propio patrimonio.

El adquirente asume la posición en el procedimiento, pero eso no conlleva la entrega automática de llaves ni la posesión efectiva del inmueble. En Altza, el nuevo titular tendría que gestionar los trámites necesarios para recuperar la propiedad de forma legal, con los gastos y demoras que ello implique.

El segmento de viviendas ocupadas en España

El caso de San Sebastián no es aislado. Según datos de Idealista, en el cuarto trimestre de 2025 se anunciaron 24 058 viviendas ocupadas en su plataforma, lo que equivale aproximadamente al 3 % del total de anuncios, y cerca del 40 % de esos inmuebles se concentran en Cataluña. Estas cifras provienen de anuncios y no de un registro oficial, pero ilustran la magnitud del fenómeno.

Bloomberg ha publicado un reportaje sobre este tipo de operaciones, indicando que los descuentos pueden llegar al 50 % según Idealista y hasta al 74 % en determinadas localidades, según datos de Pisos.com. En mercados tensionados como Madrid, algunas inmobiliarias afirman que dichas rebajas están desapareciendo.

Este negocio ha originado un mercado propio en el que participan bancos, fondos, agencias e inversores particulares. Empresas como Hipoges, Solvia o la plataforma Pisokupado comercializan activos que resultan difíciles de vender por canales tradicionales. Samuel Romero, fundador de Pisokupado, declaró a Infobae que su compañía ha intermediado operaciones que van desde viviendas de 30 000 euros hasta edificios que superan el millón. Aproximadamente el 90 % de los casos que maneja su empresa se resuelven mediante acuerdos con los ocupantes, mientras que acudir a la vía judicial puede alargar los plazos. Los servicios externos de mediación y desocupación tienen un coste entre 3 000 y 6 000 euros, lo que reduce la rentabilidad inicial.

Reacciones y debate social

Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), califica este modelo como una forma de «convertir la emergencia habitacional en una oportunidad de negocio». La organización advierte que bajo la etiqueta de okupación conviven situaciones diferentes, desde ocupaciones sin autorización hasta familias vulnerables o víctimas de contratos falsos, y que no todas reciben el mismo tratamiento jurídico.

Desde el sector inmobiliario se argumenta que estas operaciones permiten recuperar propiedades bloqueadas y devolverlas al mercado. En cualquier caso, los 170 000 euros del piso en San Sebastián representan únicamente el precio de entrada, sin que ello implique necesariamente el coste final para ninguna de las partes.

Por qué importa

Este ejemplo evidencia que, en ciudades con precios de vivienda extremadamente elevados, los anuncios con precios muy bajos pueden ocultar riesgos legales y financieros considerables. Los potenciales compradores deben prestar especial atención a las condiciones del anuncio y valorar los costes adicionales vinculados a la desocupación y a la ausencia de tasación antes de decidir si la operación resulta viable.

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Captura del anuncio de Idealista
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Pantallazo de la plataforma Pisokupado

Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.

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