Dos empresarios hosteleros condenados a prisión y multas por defraudar a la Seguridad Social

Una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a dos empresarios del ámbito hostelero penas privativas de libertad y sanciones económicas que superan el millón y medio de euros por defraudar a la Seguridad Social durante ocho años.

Hechos acreditados y sanciones

Entre 2013 y 2021, el acusado principal, identificado como Á.V.C.Á., dirigió una estructura societaria que dejó de abonar de forma sistemática las cotizaciones de sus empleados. El juzgado ha constatado un daño de 606.615,31 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Por el delito contra la Seguridad Social, se le impone una condena de tres años de prisión, de los cuales dos se cumplen efectivamente, y una multa de 300.000 euros. Además, se le añade una pena de un año de cárcel y otra multa de 300.000 euros por la falta de pago de sus propias cuotas como autónomo.

El segundo procesado, J.U.N., empresario de Lucena, ha sido descrito como “testaferro o tercero interpuesto de manual”. La Audiencia le dicta una sanción de dos años de prisión y una multa de 300.000 euros como coautor del mismo hecho delictivo.

Ambos quedan inhabilitados durante cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Desglose económico de la resolución

Según la información publicada por Cordópolis, el total de la condena alcanza los 1.506.615 euros. Las sanciones pecuniarias suman 900.000 euros (600.000 euros del principal y 300.000 euros del segundo). En el ámbito civil, Á.V.C.Á. debe pagar a la TGSS una indemnización de 361.896,06 euros y J.U.N. le corresponde abonar 244.719,25 euros, lo que cubre la cantidad defraudada de 606.615,31 euros.

La Fiscalía había solicitado inicialmente 23 años de prisión para cuatro imputados, entre ellos 10 años para el primero y 7 para el segundo, además de multas de gran cuantía. Durante el proceso, la petición se redujo a 4 años para el primero y 3 para el segundo, al considerar la atenuante de reparación parcial del daño, puesto que parte de la responsabilidad civil había sido satisfecha.

Marco legal y precedentes

El ordenamiento penal establece sanciones para la defraudación a la Seguridad Social cuando el importe de las cuotas no satisfechas supera los 50.000 euros en un período de cuatro años, con penas que pueden alcanzar los cinco años de cárcel. La pena se incrementa entre dos y seis años si la cantidad supera los 120.000 euros, si se actúa dentro de una estructura delictiva o si se emplean personas interpuestas que dificulten la identificación del responsable.

Este no es el primer caso de este tipo en la provincia. En octubre de 2025, otro empresario del sector hostelero de Córdoba fue sentenciado a dos años de prisión y una multa de 620.000 euros, más una indemnización de 463.939,56 euros, por impagos entre 2009 y 2018 mediante sociedades ficticias. En el verano de 2025, el máximo tribunal confirmó una pena de seis años y dos meses a un empresario que mantuvo a 39 empleados dados de alta sin abonar sus cotizaciones a través de siete sociedades y simuló contratos para que terceros percibieran prestaciones de forma fraudulenta.

Situación actual y vías de recurso

La resolución corresponde a la primera instancia, por lo que los condenados pueden presentar recurso de apelación ante el órgano judicial competente. Hasta el 9 de noviembre no se ha comunicado si la defensa ha interpuesto recurso ni si los condenados ingresarán en prisión. La defensa ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena y ha propuesto un calendario de pagos a la Seguridad Social.

En el plano económico, la TGSS aún tiene pendiente la recuperación de los 606.615,31 euros defraudados. De esa suma, ya se han ingresado 40.000 euros y se ha pactado un abono de 2.000 euros mensuales.

Por qué importa

El proceso evidencia la gravedad de las conductas fraudulentas en el sector hostelero de Córdoba y la capacidad del sistema judicial para perseguirlas. Para los lectores, la sentencia subraya la necesidad de cumplir con las obligaciones sociales y las posibles consecuencias económicas y penales del incumplimiento, mientras que la opción de recurso mantiene abierto el camino judicial.

Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.

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