El TSJC condena al Ayuntamiento de Firgas a pagar 7.501 euros a una auxiliar administrativa tras 27 años de temporalidad

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha impuesto al Ayuntamiento de Firgas una compensación de 7.501 euros a favor de una auxiliar administrativa, al considerar que la entidad pública mantuvo una situación de empleo temporal durante 27 años.

Antecedentes y evolución del caso

La trabajadora inició su vínculo laboral el 1 de octubre de 1997 bajo un contrato de duración limitada en el Ayuntamiento de Firgas, Gran Canaria. En 2014 una resolución judicial le otorgó la categoría de personal laboral indefinido no fijo, una posición intermedia que reconoce la irregularidad pero no otorga un puesto permanente. La situación persistió hasta 2025, cuando la empleada solicitó una compensación de 10.000 euros. El juzgado de lo social de Las Palmas desestimó la petición, pero el TSJC la anuló parcialmente.

Determinación de la indemnización

El TSJC utilizó un criterio establecido para evitar que los magistrados fijaran cantidades de forma arbitraria. Este criterio contempla tres niveles mínimos en función del tiempo de la irregularidad: 1.000,1 euros para periodos entre tres y ocho años, 2.000,1 euros para intervalos entre ocho y dieciséis años y 5.001 euros a partir de dieciséis años. Son valores mínimos; quien pruebe perjuicios superiores puede solicitar una suma mayor.

El tribunal tomó como referencia la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de abril de 2026 (asunto Obadal) y la línea jurisprudencial del Supremo del 11 de mayo. Otros tribunales superiores (País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cataluña y Andalucía) habían establecido cuantías entre 1.000 y 10.000 euros, añadiendo una penalización de 2.500 euros. En el caso de Firgas, a los 5.001 euros se añadieron 2.500 euros por la gravedad y la persistencia de no regular el puesto, alcanzando los 7.501 euros que la Sala consideró adecuados.

Contexto institucional y legal

La resolución indica que Firgas es «el único municipio canario que no ha puesto en marcha el procedimiento para la estabilización de su personal laboral», proceso que debía concluir en 2024. El sindicato Sepca denunció la ausencia de actuación en enero de 2025, y el propio Ayuntamiento había solicitado información al Ministerio de Función Pública, cuya contestación de diciembre de 2024 evidencia que conocía las repercusiones de no iniciar el proceso.

El TSJC remitió el expediente a la Inspección de Trabajo para examinar una posible infracción de la normativa sobre contratos de duración determinada. Corresponderá a la Inspección decidir si se abre un expediente sancionador contra el Ayuntamiento.

Situación de la temporalidad en el sector público

En el primer trimestre de 2026, el sector público contaba con 981.000 trabajadores temporales, lo que supone una proporción del 26,8 % frente al 14,7 % del conjunto de la economía. En Canarias, la tasa de temporalidad pública alcanzó el 37,8 %, la segunda más alta del territorio nacional después del País Vasco (38,5 %). La plantilla del sector público siguió en expansión, incorporando 89.900 personas en el tercer trimestre y totalizando 3.736.800 empleados, mientras el empleo privado perdió 16.300 puestos.

El caso de Firgas no es aislado. Recientemente se informó de la sentencia a un trabajador de una notaría con 16 años de antigüedad, que recibió 10.071,20 euros de indemnización, aunque el Supremo determinó que la readmisión o una compensación de 54.294,42 euros era la solución adecuada.

Implicaciones para la jurisprudencia y la práctica

La doctrina del TSJC descarta que los empleados temporales de la administración se conviertan automáticamente en fijos. El acceso al empleo público sigue requiriendo igualdad, mérito y capacidad. Según una jurista citada en la resolución, si el trabajador supera un proceso selectivo sin obtener plaza, la relación puede transformarse en indefinida; si no supera ninguna oposición, solo procede la indemnización.

La empleada describió la sentencia como «un antes y un después» y anticipó una posible «judicialización masiva» de casos semejantes. El plazo para presentar recurso de casación es de 10 días y ya ha vencido, cerrando la vía recursal en esta instancia.

Por qué importa

Esta decisión ilustra la aplicación práctica de la normativa sobre empleo temporal en municipios canarios, obligando a indemnizar a trabajadores que han permanecido en situaciones precarias durante décadas. Además, subraya la necesidad de que los ayuntamientos cumplan con los procesos de estabilización antes de 2024, bajo la supervisión de la Inspección de Trabajo.

Fuente: Xataka. Este artículo es una elaboración propia de TecnoPunta a partir de la información publicada.

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